El presidente de la Comisión de Servicios Públicos de la cámara edilicia, concejal José Rafael Gil, explicó que esta instancia no avalará la exoneración de impuestos desde el año 1.999 al 2006, lo cual pretende aplicar el alcalde del municipio, Alejandro Feo La Cruz, del derechista partido Proyecto Venezuela, a ese medio de comunicación.
Resaltó que tan sólo desde el año 2003 El Carabobeño debe en impuestos municipales por la actividad comercial que realiza en Naguanagua la suma de 1.808.446,20 bolívares, es decir, casi 2 millardos de la antigua denominación monetaria.
“Esos recursos deben ser pagados al municipio y a su vez deben ser invertidos en la atención de nuestras comunidades que bastante abandonadas se encuentran por parte del gobierno municipal y estadal que encabeza Proyecto Venezuela”, manifestó.
Igualmente, resaltó que no se puede permitir una evasión de impuestos tan significativa como la del diario El Carabobeño, por cuanto se está perjudicando a los habitantes de esta jurisdicción, y responsabilizó directamente a Proyecto Venezuela de tapar esta grave falla contra la municipalidad.
Gil recordó que esta situación fue ventilada ante la opinión pública carabobeña por el propio alcalde de Naguanagua, acérrimo opositor al gobierno revolucionario.
El pasado 9 de noviembre, mediante una carta pública, Feo La Cruz señaló que ante los “ataques” recibidos por parte de este medio de comunicación, le propuso a El Carabobeño la exoneración de impuestos, a fin de que sólo haga efectivo el pago desde el año 2007.
En esa comunicación el burgomaestre refirió: “En estos momentos de fuertes ataques sin la posibilidad de defensa (…) he otorgado a El Carabobeño todos los beneficios fiscales y de gracia que la ley permite, como es la prescripción de cuatro años para que sólo paguen los impuestos del 2007 en adelante. Hemos condonado todas las multas, intereses y recargos, y hemos ofrecido un convenio de pago en la forma más flexible que sugiera El Carabobeño”.
Prosigue la misiva del mandatario: “Esos son los beneficios máximos que como alcalde puedo otorgar, sin correr el riesgo de ser objeto de sanciones que revisten carácter penal y administrativo, tales como inhabilitaciones, multas y cárcel, por parte de la Contraloría que amenaza ante un expediente abierto”.
“Anexo copia de los oficios de la Contraloría Municipal de Naguanagua que, como todos deben saber, es un órgano independiente que responde a la Contraloría General de la República”, concluye la carta.
Ante esta situación, Gil explicó que de ningún modo el alcalde puede exonerar estos impuestos sin la debida aprobación del Concejo Municipal, de mayoría bolivariana, por lo que tal exoneración no tiene ningún tipo de validez.
Del mismo modo, señaló que ante la situación, este jueves propondrá a la plenaria que sea la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional la que investigue el caso y la que medie para resolver este grave caso de evasión de impuestos por parte del diario El Carabobeño.
Por su parte, El Carabobeño basa su defensa para no cumplir sus obligaciones tributarias en el articulado de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, el cual establece que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales destinados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Al conocer esta postura, la síndico procurador de Naguanagua, Dinorah Cudemus Mendoza, explicó a los medios estadales que “bajo ningún concepto se podría inferir que el ejercicio de la potestad tributaria municipal sea considerado control estatal para coartar el derecho de expresión”, según reflejó el diario Notitarde en su edición del 9 de noviembre.
Esta moratoria en materia de tributos municipales ha iniciado una especie de confrontación entre ambos bandos contrarrevolucionarios, dejando al descubierto las divisiones que existen en la oposición venezolana
