Piden castigo para a culpables del 4 Feb "El Bocainazo" en la Parroquia Bolivariana de Miguel Peña

2 de marzo de 2010.-Los familiares de las víctimas ajusticiadas el 4 de febrero de 1992 en Valencia no quieren que el caso quede impune. Si bien los jueces y otras autoridades del Poder Judicial fueron cómplices para que no se esclarecieran los hechos y se procediera a castigar a los responsables de los cinco crímenes, hoy, nuevamente, cuando se cumplen 18 años del vil atropello cometido ese día, se vuelven a retomar los hechos históricos para que los mismos no se olviden. Unos sucesos que se registraron tras el histórico movimiento cívico-militar que lideró para ese entonces nuestro presidente y comandante Hugo Chávez.

En razón de no olvidar lo ocurrido en el Módulo Canaima, al sur de la ciudad, se cumplió una importante jornada con la participación masiva de la población y la intervención de los familiares y amigos de los jóvenes ajusticiados: Gilberto José Peña Campos, Ángel Alberto Ruiz, Columba Guadalupe Rivas y José Luis Zerpa Miotta, además del distinguido del Ejército José Depablo. Cinco personas quienes fueron asesinados de manera cobarde por sus autores materiales, luego de recibir órdenes superiores.

La actividad se desarrolló en lo que ha sido denominado “Mes de Dignidad Revolucionaria” y como parte de la programación de la Campaña Admirable.

LAS INTERVENCIONES

El alcalde de Valencia, Edgardo Parra, quien participó en el acto, hizo énfasis en la necesidad de enfrentar la impunidad a la vez que manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

Garantizó la develación de un monumento a los caídos en las inmediaciones del lugar, donde se escenificaron los sucesos, una obra del artista José Coronel. Durante su intervención hizo hincapié de seguir fortaleciendo la lucha a favor del proceso bolivariano, socialista y revolucionario que se cumple actualmente.

El diputado Saúl Ortega, por su parte, recordó, que en una conversación sostenida con el presidente Chávez, le había señalado la importancia de realizar un monumento “a los muchachos del cuatro de febrero”. Dijo que el Presidente, con situaciones como esas, nunca las olvida y en ese sentido conversó con el alcalde Parra de quien agradeció para que se levantara el monumento.

El general (Ej.) Clíver Alcalá, comandante de la 41 Brigada Blindada manifesté, durante su intervención, lamentó las muertes ocurridas el cuatro de febrero y afirmó, que el hecho no puede quedar impune. Anunció, por otra parte, que las instalaciones de la institución militar están prestas a recibir las denuncias por parte de las víctimas que se registran en Carabobo por diversas circunstancias.

Por su parte el diputado Héctor Agüero, coordinador político del PSUV-Carabobo, quien encabezó la marcha desde el Módulo Canaima hasta el lugar de la concentración, manifestó que lo ocurrido durante el 4 de febrero en Valencia, fue la actitud cobarde y sanguinaria de quienes dispararon a mansalva contra los jóvenes, quienes para ese momento, lo que hicieron fue exhortar a la población para solidarizarse con el levantamiento cívico-militar que lideraba Hugo Chávez.

LA MARCHA

Una placa en homenaje a los caídos, instalada en el Módulo Canaima, formó parte de la programación que se dio inicio a principios de la tarde. La nutrida marcha recorrió la zona y en la misma se encontraban, además de los representantes del PSUV, los familiares y amigos de los jóvenes asesinados.

Se pidió, en el transcurso del recorrido, castigo para los culpables de la masacre y que el caso, por lo mismo, se reinicie de nuevo para castigar, no sólo a los autores materiales sino a los intelectuales.

Sobre los hechos ocurridos ese día se recuerda al entonces gobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer, quien ha sido acusado de ordenar disparar cobardemente, a mansalva, contra las personas presentes en el lugar, aún cuando, para ese momento, habían culminados los actos que dieron origen al alzamiento y el propio Chávez, en un mensaje al país, a la una de la tarde, había reconocido el fracaso del levantamiento cívico-militar.

Sin embargo, Salas sigue sin pagar su culpabilidad, presumiblemente, por la complicidad de altos funcionarios policiales y del Poder Policial, quienes tergiversaron las investigaciones para que no se le castigara.

Vale señalar, mientras se producían los hechos, dirigentes de los partidos políticos gobernantes, intentaron escapar del país. Prepararon sus maletas. La valentía que tenían por estar en el poder cambió su comportamiento. Uno de ellos fue Salas Römer quien desapareció del escenario durante varias horas porque tenía intenciones de escapar. Regresó a la ciudad una vez que se confirmó que el movimiento había fracasado.

A su regreso se dispuso a actuar y ordenó disparar contra quienes estuvieran a favor de la lucha que encabezó para ese día Hugo Chávez. Salas fijó su postura, evadió las responsabilidades y acusó a otros, el resto de los funcionarios, por las muertes registradas. Cuando fue interpelado en la Asamblea Nacional no pudo convencer a los asambleístas. No le creyeron, pese a que acudió presentando una serie de mentiras para darle otro sentido a lo ocurrido ese día.

Sobre el sangriento caso, para ese entonces la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales se reunió con el fiscal General de la República, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el ministro de la Defensa, y pidió su colaboración para el esclarecimiento de los ajusticiamientos.

Como parte de las investigaciones el diputado Tulio Jiménez explicó sobre lo ocurrido, luego de reunirse con Víctor Avendaño, Raúl Segundo Miranda, Cecilio de Jesús Benítez, José David Rodríguez, Anuar Miguel Rodríguez, Wilfredo Bermúdez, Luis Carlos Parra y Adrián Parra, sobrevivientes, además de la periodista del diario “El Carabobeño” Beatriz Rojas, y el fotógrafo César Pérez, quienes estuvieron en los hechos cuando el alzamiento cívico militar donde murieron los estudiantes y el efectivo militar.
El diputado Reinaldo García, por su parte, aseguró que con este caso se evidencia que “en Carabobo hay una sociedad de cómplices por lo que solicito radicar el caso puesto que el mismo está levantando muchas escamas”

Recordó que el ajusticiamiento fue cometido, durante ese día, por el efectivo de la Disip Mario Rocco, quien ha tenido tres ratificaciones de auto de detención, asimismo “está metida la mano de Henry López Sisco”.
“Hay elementos suficientes para que se castigue a los que cometieron esos hechos, en las adyacencias del módulo Canaima, estoy seguro que un grupo de personas en Carabobo están tratando de ocultar muchas verdades y de evadir la justicia, pero tenga la certeza que haremos justicia” agregó.

Tulio Jiménez afirmó que sostuvo reuniones con los miembros de la Subcomisión de Justicia “para buscar la fórmula para que este caso se resuelva y se haga justicia, y que la impunidad no siga reinando.

El diputado Juan José Molina quien estuvo al frente de la vicepresidencia de la Comisión investigadora señaló, al referirse a los crímenes cometidos que “el pueblo está ávido de que le den respuesta a hechos tan abominables como este ocurrido en Carabobo. Como representantes de la AN estamos obligados a resolver los planteamientos de personas que piden que les sean resarcidos sus derechos y se reconozca que les violaron sus derechos humanos, y que se castigue a quienes violentaron esas garantías constitucionales”.

TORTURAS Y TIROS DE GRACIA

Wilfredo Bermúdez por otro lado dejó saber que luego que se rindieron fueron objeto de torturas, les dieron palos por la cabeza, la espalda, les pusieron electricidad. Las torturas a las víctimas fueron permanentes, según los testimonios.
El fotógrafo César Pérez consignó una serie de fotografías donde se observa que a algunos de los ejecutados “les dieron tiro de gracia en la frente”.

Aseguró que fue testigo presencial cuando fusilaron al soldado. “Rocco me vio a la cara, se sonrió y ejecutó una ráfaga de FAL, asimismo, ví a Miotta cuando salió y le grité ¡sube los brazos!, yo lo entregué vivo. No entiendo cómo este asesino está libre”. Pidió que se investigue al ex gobernador Salas Römer.

LA INVESTIGACION

El ex gobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer, en ocasión de las investigaciones, compareció ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. La muerte de los estudiantes y del soldado se les atribuye a la policía del estado Carabobo que se encontraba en el lugar de los acontecimientos. Recibieron órdenes, no por vía celular, sino a través de los radiotransmisores existentes, aparatos utilizados por el entonces gobernante regional y sus más cercanos funcionarios
Al respecto, Salas Romer, para sacudirse del caso, negó la supuesta responsabilidad en los hechos en los que se le atribuye su participación a través de una comunicación radiofónica.

Indicó, utilizando frases seguramente propuestas por sus asesores, que el acontecimiento –para el momento de su comparecencia-tiene 15 años de distancia, "todavía no ha sido debidamente investigado ni de una parte para establecer responsabilidades por excesos que pudieron haberse cometido después de perpetrado el asalto, y muchos menos que sea investigado la responsabilidad de aquellos que propusieron este encuentro entre fuerzas civiles y militares".

Para evadir responsabilidades, como es costumbre en ese tipo de político de la vieja data, acusó a los subalternos: "Acabo de establecer las dos cosas, no se puede hablar de policía del estado, ni siquiera de la Disip, se tiene que hablar de funcionarios que específicamente pudieran haber perpetrado los delitos de los cuales se les acusa."

De los estudiantes señaló que el caso debe ser investigado y que si hubo personas heridas los responsables deben ser castigados, "pero por otra parte la responsabilidad de haber tomado armería, de haber entrado en acuerdos con elementos de las Fuerzas Armadas incluyendo un Sargento de tropa que está bien identificado, soldados y haberse montado en autobuses de la Universidad de Carabobo en una camioneta modelo pick up, y en otro vehículo, y haber atacado el módulo Canaima constituye una fechoría y un ataque severo contra gente que no tenía que ver con la asonada militar y que ocurre incluso después de que habían cesado las hostilidades", aseveró, como una manera de justificar el ajusticiamiento.

Salas, por supuesto, ha evitado que se le dicte auto de detención. Continuará con sus falsedades. Lo cierto que se espera que las averiguaciones sobre el caso continúen. Que no exista impunidad

Mientras el exgobernador por su lado insistió en que no dio ninguna orden para que se violaran los derechos humanos, específicamente a estudiantes que participaron en esos hechos, entre otras razones porque "en ese momento no había celular y era imposible comunicarse". Y uno se pregunta ¿si acaso no existía para entones comunicación a través de los radios transmisores?

SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS

Esta es la oportunidad para incrementar el trabajo investigativo. Que el caso se reabra para castigar a los responsables. Son 18 años de historia. Una historia que no debe olvidarse y que debe permanecer en el transcurso del tiempo. Cada año, por lo tanto, debe rendirse un homenaje póstumo a los caídos. Unos muchachos, que por el sólo hecho de solidarizarse con una rebelón cívico militar y de exhortar al pueblo a salir a la calle, son asesinados. Un hecho que no debe olvidarse. Está prohibido olvidar.