(Prensa, Clbec).- El Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo aprobó un crédito adicional solicitado por el ejecutivo regional por más de 200 mil bolívares, con recursos provenientes del ministerio para la Salud, para atender deudas que mantiene pendientes con ese sector.
El legislador Juan Perozo en su condición de vicepresidente de la comisión de finanzas y presupuesto presentó el informe de dicho ente, contentivo del crédito al presupuesto de gastos solicitado por 215 mil 379 bolívares sin céntimos, para cancelar deudas de mayo a diciembre de este año, donde se establece la reclasificación de enfermeros trasferidos del ministerio unos 117 profesionales del área que serán beneficiados).
Con la aprobación de este crédito, que fue apoyada por la legisladora María Carrasco, el parlamento registra casi 100 millones de bolívares aprobados nada mas para la salud, por el compromiso asumido con estos trabajadores que han sido en gran parte manipulados por el gobierno regional.
LEY REGIONAL DE EDUCACIÓN
Durante la sesión, la presidenta de la comisión de educación del parlamento carabobeño, Blanca Bustamante, presentó el proyecto de Ley Regional de Educación del estado Carabobo, el cual consta de 5 capítulos, 31 artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final, con el que se busca aplicar la constitución, el proyecto nacional Simón Bolívar, como medio para regular y direccionar el hecho educativo en las escuelas estadales, municipales y pertenecientes a entes descentralizados en el estado Carabobo.
Bustamante, tras ser apoyada por el legislador Augusto Martínez, dijo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto nacional Simón Bolívar y la ley orgánica de educación, le otorgan al hecho educativo una condición fundamental para la construcción del nuevo estado venezolano “sin embargo, al carecer el estado Carabobo de una ley de educación regional que regule el cumplimiento del ordenamiento legal vigente, los lineamientos que de estos se emanan quedan muchas veces a la deriva”.
- Basta con revisar lo acontecido con los docentes interinos estadales despedidos de sus cargos hace un año, situación que se repite actualmente, por la aplicación de un concurso ilegal direccionado desde la secretaria de educación del estado Carabobo, en contra de disposiciones ministeriales que regulaban dicha situación y qué decir de la ausencia de los programas de alimentación en la mayoría de las escuelas estadales dependientes de la gobernación del estado Carabobo.
El presidente Miguel Flores le dio entrada al proyecto de ley con la clara visión de que el sistema educativo regional debe ser regularizado ante un gobernador que gasta dinero en otros países, así que un instrumento jurídico que regule las acciones educativas y se evite que se persigan docentes por haber ingresado en gestiones anteriores, así que se debe iniciar a un proceso de consultas a todos los actores del hecho educativo, a través de parlamentarismo de calle.
La exposición de motivos expresa claramente que la Comisión de Educación del Estado Carabobo en concordancia con lo establecido en la constitución y la LOE como principios, no puede quedarse al margen de los procesos de avanzada que en materia legislativa sobre educación se encuentran establecidos, “por lo que, esta comisión tiene por objeto, desarrollar una ley de educación en y para el Estado Carabobo que vaya en correspondencia con el desarrollo de los postulados que en materia educativa consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la LOE, como suprema expresión del poder originario del pueblo venezolano, fundada en los principios de equidad y libertad, mediante los cuales se consagra los valores de la dignidad del individuo dentro de una sociedad justa, amante de la paz, la igualdad y la solidaridad”.
APOYO A MEDIDAS EN SIDETUR
El legislador Sixto Rodríguez intervino en la sesión de este martes para solicitar el apoyo a las medidas tomadas por el ejecutivo nacional con la empresa Sidetur, donde el Estado asume las riendas de esta empresa, solidarizándose con los trabajadores y haciendo un llamado a la clase obrera que no se dejará a la deriva.
Rodríguez fue apoyado por el legislador Martínez, el presidente Miguel Flores y Juan Perozo, quien señaló que no se puede olvidar que el 40 por ciento de la cabilla y otros materiales de construcción en vivienda, es hecha por esta empresa y cada vez que se decretaba n plan de vivienda aumentaba estos rubros y gracias a las gestiones, se han venido asumiendo esta empresas estratégicas para de una vez por todas, dar respuesta en materia habitacional, y al gobierno no le ha temblado el pulso para atender este sector. La moción fue aprobada con la mayoría del Psuv.
AFECTADOS POR LA ESTAFA INMOBILIARIA
De igual forma, el legislador Augusto Martínez pidió el apoyo de sus colegas para solidarizarse con las acciones del ejecutivo nacional en materia inmobiliaria, al asumir la responsabilidad de proteger a numerosas familias que han sido estafadas por las empresas constructoras con el cobro del IPC, razón por la que se acometió la expropiación de algunos complejos habitacionales ante la ineficacia de las compañías encargadas de hacerle entrega de esas casas a sus propietarios.
Martínez recordó cómo muchas familias se suicidaron y que obligó la acción mediante sentencia para acabar con los llamados créditos indexados “así que no quedaba otra acción que aplicar la constitución a través de la protección de los que serian propietarios, pues es la clase media que necesita”.
Apoyaron el legislador Juan Perozo, María Carrasco y Betzabeth Arroyo quien señaló que Indepabis ya está dando información del proceso de expropiación y medidas temporales asumidas “por lo que apoyamos a esas familias que han venido siendo estafadas por ese sector privado que tanta alharaca hace de ser responsables para invertir, cuando en realidad lo que han hecho es estafar a muchas familias”.
Flores señaló que hay que aplaudir medidas que garanticen la seguridad de quienes compran su vivienda, que no tiene que esperar hasta cuatro años, el Estado pone con esto orden en el asunto “pues si entregó el dinero, le tienen que entregar su vivienda, y el estado tiene que resguardar ese derecho, así que le agrego a la propuesta del legislador Martínez, que a través de una subcomisión, hagamos un censo de todas las denuncias para discutirlas y enviar al gobierno nacional, de ser necesario, una solicitud de expropiación a todos aquellos irresponsables que mantienen bajo engaño a mucha gente en este estado”.
PUNTO DIFERIDO
El Consejo Legislativo del estado Carabobo difirió para ser leído en la próxima cuenta, la comunicación enviada por el ejecutivo regional, contentiva de una solicitud de crédito adicional correspondiente al situado constitucional por la cantidad de 60 millones 742 mil 555 bolívares con 80 céntimos.
