Un grupo de organizaciones de base afiliadas a la Confederación UNETE preocupadas ante el retraso de las discusiones del proyecto de nueva Ley Orgánica del Trabajo, papel que por cierto no conocen la mayoría de los trabajadores venezolanos, planteará en la próxima reunión del Equipo Nacional de Trabajo de la Central, la elaboración de un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordene la aprobación de este instrumento legal este año, antes que culmine la gestión de la actual Asamblea Nacional.
Los representantes de las organizaciones plantearon que hay una mora social con la clase trabajadora venezolana, que no puede ser retrasada por más tiempo. Mientras en el país el Presidente Chávez habla de control obrero, de organización de los trabajadores, de derrotar al capitalismo; el marco jurídico laboral existente conspira abiertamente contra estas premisas y hace que la lucha de clases retrase sus conquistas y avances hacia el modelo socialista.
Es necesario en una sociedad de transición al socialismo dar mayor valor al Trabajo por encima del Capital, esto pasa por revisar a profundidad el papel del Ministerio del Trabajo, cuya trascendencia en esta etapa es fundamental, debe existir una política clara a favor de los trabajadores y no el pasivo papel de mediador u observador, que en la mayoría de los casos asumen los funcionarios del trabajo ante los conflictos laborales que no son otra cosa que expresión de la lucha de clase.
Es fundamental establecer medidas coercitivas para los patronos que incumplen los derechos de los trabajadores, que contemplen inclusive sanciones penales por incumplimiento de las decisiones emanadas de los órganos administrativos de justicia.
Redimensionar el papel de la solvencia laboral, nobel instrumento, extinguido en su accionar por el comportamiento de inescrupulosos funcionarios, que discrecionalmente la utilizan para su provecho personal, dando mayor fuerza a la burguesía y vulnerando los derechos de los trabajadores.
También es importante incluir el concepto de salario social integral, que satisfaga las necesidades básicas del trabajador y su familia y crear un espacio permanente con las Instituciones Públicas, más allá del Ministerio del Trabajo, que trabajen este eje estratégico. Entre las instituciones deben estar el Ministerio de Salud, Educación, Turismo, Transporte, Industrias, Agricultura, Alimentación, Comercio, bajo la conducción de la Vicepresidencia de la República.
Una nueva Ley del Trabajo debe establecer claramente la autonomía e independencia de las organizaciones electorales en todas las materias, incluyendo la electoral, para acabar con la aberración que hoy practican los funcionarios del CNE en abierta intervención a las organizaciones sindicales, y de esta manera subsanar los requerimientos que en esta materia ha reiterado la OIT.
También contemplar las diferentes formas de organización de los trabajadores para la producción, los diferentes modelos de gestión y acabar con la estructura capitalista y burguesa que enfoca la mayor parte del texto actual.
Revisión de los trabajadores en condiciones especiales y acabar con la exclusión que se le impone a sectores tan vulnerados como el de la vigilancia privada y otros.
Los proponentes manifestaron que para ello estarán realizando asambleas en las regiones y sectores para impulsar esta iniciativa que permita cuanto antes la aprobación de un nuevo texto jurídico laboral.