(ACN-Karina Díaz Da Silva).- La diputada al Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo, Johanna Arroyo, aseveró este jueves que trabajadores de la empresa recientemente expropiada, Owens Illinois, han denunciado desde hace algunos meses haber contraído enfermedades laborales.
Destacó que entre las afecciones manifestadas, se encuentran problemas respiratorios relacionados a infecciones en los pulmones por el polvillo del vidrio, además de hipertensión arterial por la acción de los hornos, hernias, entre otras dolencias.
Arroyo aseguró que estas patologías alcanzan incluso a las comunidades de los municipios aledaños a la planta, es decir, en Los Guayos y Guacara, debido a un importante impacto ecológico que habría ocasionado la producción de esta materia prima.
Aclaró que desde la comisión sindical del Cbec, presidida por el diputado Sixto Rodríguez, se manejan informes relacionados a estas denuncias, no sólo de Owens Illinois (O-I), sino de otras empresas del sector automotriz. Aclaró que desde hace más de un año se vienen realizando las inspecciones pertinentes al caso por parte de todos los miembros de este grupo, como Augusto Martínez y María Carrasco.
La legisladora aseguró que con la adquisición forzosa no se verán afectados los trabajadores y que los dueños recibirán su pago correspondiente. También negó que esta acción, así como la procesada contra Agroisleña, esté motivada a “ahogar” a Empresas Polar, tal como lo ha afianzado el secretario del sindicato de Metalgráfica en Carabobo, Johnny Magdaleno.
No obstante, confirmó que la expropiación a las plantas de vidrio corresponde a una lucha ideológica a favor del sector obrero y en contra del sistema capitalista.
Prove: Con expropiaciones se pretende generar escasez de alimentos
En el mismo sentido acerca de la acción contra Owens Illinois, la diputada por la fracción de Proyecto Venezuela, Neidy Rosal, indicó este jueves que el Gobierno Nacional pretende generar escasez en el sector alimenticio.
Alegó que lo que el Ejecutivo busca es que “se nos vaya la vida en una cola esperando para comprar hasta un paquete de harina”, al tiempo que auguró no serán respetados los derechos contractuales de los 1 mil 500 trabajadores, tal como ha ocurrido en otras empresas del sector público.
“No vamos a permitir q este gobierno pretenda jugar con la comida de nuestros hijos”, agregó la miembro de la comisión de Contraloría, al recordad que en manos del Estado, Pdval dejó perder 130 mil toneladas de comida, en una transacción en la que manejaron más de 2 mil 700 millones de dólares, de los cuales sólo se distribuyó el 14%.
Además, acotó que la alcaldía de Los Guayos –jurisdicción donde está la planta de O-I en Carabobo-dejará de percibir 2 mil 400 millones de bolívares fuertes en impuestos que generaba la empresa de vidrio, por lo que se verán mermados aún más los planes ajustados al presupuesto por los ingresos tributarios.
