Valencia, julio 23 (Ketherine Ledo).- El alcalde de Valencia, Edgardo Parra declaró este viernes en rueda de prensa que el 60 por ciento de las acciones del Matadero Municipal, pertenecientes a la empresa Frigorífico Industrial Carabobo (Frinca), no han sido confiscadas como lo anunció la concejal Gladys Valentíner en la sesión de este jueves.
Parra precisó que lo que sucede es que se está desarrollando una investigación para determinar de qué manera es que el matadero, institución que hace años fue creada por el municipio, pasó a manos de una empresa privada. Sobre la matriz de opinión que se generó luego que el concejal Orlando Tortolero, denunciara una presunta corrupción administrativa, Parra simplemente acotó "Orlando Tortolero no sabe lo que dice y le recomiendo que se documente", aseverando que la dirección del matadero fue asumida por Funval luego que el hace dos semanas dictara una resolución e inició un procedimiento legal a partir de la cual comenzó la investigación.
"El matadero no puede estar en manos de una empresa privada, es por eso que nosotros decidimos intervenirlo para tener el control administrativo y operativo del mismo". Aseguró que una vez que la junta interventora que lleva la investigación muestre los resultados, de ser el caso, la Alcaldía hará una oferta de compra si se comprueba que Frinca obtuvo las acciones de manera legal, mientras que no descartan apropiarse de las mismas si el proceso arroja como resultado que lo que hicieron fue "un guiso".
El burgomaestre detalló que la junta que lleva el caso está conformada por la parte técnica, legal y administrativa que está representada por la presidenta de Funval, Glamys García: el vicepresidente, Jesús Meléndez; la abogada María Márquez y dos personas más que no precisó.
Parra solidarizado con la ruptura de las relaciones con Colombia
Sobre la decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez de romper las relaciones diplomáticas con Colombia, Parra se solidarizó con la medida, manifestando que el país ya no podía seguir soportando las afrentas del ex presidente Álvaro Uribe, quien denunció en varias oportunidades y ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que Venezuela alberga en la frontera a mil 500 paramilitares de las Farc.