El grupo de 24 hombres y mujeres de la resistencia que se manifestaban pacíficamente la tarde del día miércoles 12 de agosto en los alrededores del Congreso Nacional, y que fueron detenidos después de haber sido brutalmente golpeados y heridos de gravedad por los miembros de los órganos de represión del Estado golpista, se convirtieron la noche del 13 de agosto en los primeros presos políticos del gobierno golpista y represor de Roberto Micheletti.
La información la suministró una nota del Frente Nacional contra el Golpe de Estado (Honduras), donde denuncian la ilegalidad de la audiencia.
La ilegalidad de la referida audiencia radica en que fue realizada en las instalaciones de la Jefatura Metropolitana #1 de la Policía Nacional, conocida popularmente como CORE 7, y por haberse mantenido a los detenidos y detenidas por más de 24 horas sin transferirlos al Ministerio Público,
Los detenidos han sido acusados de robo, sedición y daño a la propiedad privada y pública, entre otros, manifiesta la nota.
Asimismo informa la comunicación, que de dicha audiencia han resultado en prisión preventiva: Avilio Antonio Izaguirre - San Lucas (El Paraíso); Santos Ricardo Perez - Tegucigalpa; Daniel Angel Cárcamo - Tegucigalpa; Florentino Izaguirre - San Lucas (El Paraíso); Joselino Ávila - Tegucigalpa; Óscar Manuel Murillo - Tegucigalpa; Lizandro Gómez Martínez - La Paz; Magdaleno Lazo - Santa Elena, La Paz; Rosario Vásquez, Santa Elena, La Paz; Wilmer Orlando López, Santa Elena, La Paz; y Santos Herrera; Milco Céspedes, colombiano.
Señala también que a las siguientes personas se les aplicó medidas sustitutivas: Justo Pastor Mondragón, Mabel Carolina López, Emersón Barahona, Mario Rodrigo Ardón, Nelson Gustavo Rivera, Darwin Said Hernández, Darwin Isaac Amaya, Oslyn Daniel Geroge, Allan Samuel Cruz, Alba Leticia Ochoa, José Natividad Pérez y Gerardo Bardales.
Destaca la nota que a una persona de la tercera edad, que se encuentra dentro de este grupo, le fue aplicada el arresto domiciliario; y que, con excepción de los tres menores de edad que fueron liberados totalmente de cargos, todos siguen procesados.
Asimismo, indican que quienes no pudieron demostrar arraigo, es decir, que no pudieron demostrar la propiedad de algún bien material -por ser pobres-, son los que quedaron en prisión preventiva.
