Organiza: Colectivos por las Bases de Paz.
Desde 2002 hasta 2008, la Comisión Colombia de Juristas registró 24.824 personas a las que mataron o desaparecieron por motivos sociopolíticos en Colombia (11,34 personas por día), de ellas 14.039 fueron asesinadas o desaparecidas en contexto distinto al combate (6,41 personas/día). Y de estas últimas hay 8.106 casos donde se identificó al presunto autor genérico: se señala al Estado en el 75,51 % de los casos (por acción directa de la fuerza pública en 1.486 casos, un 18,33%, y por colaboración o tolerancia de acciones de los paramilitares en 4.635 crímenes, un 57,18%). La creación de los grupos paramilitares fue una estrategia del Estado colombiano para eliminar al opositor político y social, también prescrita por los documentos Santa Fe I y II elaborados por expertos de EE.UU, donde proponían la creación de grupos de choque anticomunistas, terrorismo de Estado, operaciones psicológicas con desinformación… Una guerra de baja intensidad contra el comunismo que se tradujo en la eliminación física de los campesinos, militantes de izquierdas y sindicalistas a los que ven como base social de las guerrillas.
Hay más de 4’6 millones de personas desplazadas por la violencia. El abandono de las tierras deriva en una ocupación de las mismas. Empresarios, políticos y gobiernos implementan en tierras despojadas proyectos de agroindustria, infraestructura y extracción de recursos naturales. Se trata de una contrarreforma agraria que destruye el modelo agropecuario de producción alimenticia propia.
Colombia es el país de América que más “ayuda” militar norteamericana recibe (3.600 millones de $ entre el año 2000 y el 2005), y con más militares y policías entrenados por norteamericanos (9.679 oficiales pasaron por la Escuela de las Américas). El Plan Colombia bajo la pantalla de lucha contra el narcotráfico pretende una contrarrevolución preventiva con visión continental. Desde sus inicios EE.UU. ha utilizado las bases de Tres Esquinas y la de Larandia en Caquetá para aviones e inteligencia técnica, dándose un incremento de la guerra, el asesinato de civiles y los desplazamientos.
Las nuevas Bases que entran a funcionar con EE.UU. son Aéreas y marítimas (las aéreas de Apiay, de Malambo, de Palanquero, de Tolemaida; y las navales de Bahía Málaga y Cartagena). La nueva capacidad operativa de estas instalaciones no se limitará a operaciones contra el narcotráfico, ni siquiera a la región andina. Un documento de planeación del Comando de Movilidad Aérea (AMC) habla de alcance continental (Con carga suficiente de combustible "Un avión C-17 podría cubrir todo el continente, con excepción de la región del Cabo de Hornos”).. El número de soldados y contratistas militares de EE.UU aumentará de 575 a 1.400 con posibilidad de aumentar. Para controlar las rutas aéreas y marítimas del narcotráfico sería más efectivo hacerlo en las propias fronteras de EE.UU. El alcance del despliegue en Colombia debe tener otros objetivos.
La crisis energética lleva a EE.UU., en un intento de detener el colapso de su modo de producción, a intentar el control de las reservas mundiales de petróleo y gas. El Pte. Lula expresa su preocupación por las bases en Colombia y la reactivación de la IV Flota relacionándolas con las grandes reservas petroleras a 7.000 metros de profundidad en aguas brasileñas. El Pte. Chávez expresa lo mismo respecto a la enorme reserva de la faja del Orinoco. Igualmente Ecuador y muchos otros miembros de UNASUR ven las bases como un peligro de desestabilización de la región.
Dentro de Colombia multitud de organizaciones sociales y políticas han rechazado el uso de las bases. Estas echarán por tierra la posibilidad de los acuerdos humanitarios, el fin dialogado del conflicto interno e incrementarán las violaciones de los DD.HH. Denuncian, además, la inconstitucionalidad del procedimiento.
