El Diputado Osmar Gòmez y el fraude inmobiliario en Carabobo

Por: Juan Pirela

Cel: 0424-4738722.- 

      Uno de los elementos que pareciera caracterizar la vida partidista venezolana es la recurrente propensión a expresar solidaridad automática con la persona o colectivo en el cual se milita. Basta que se haga un señalamiento o acusación contra algún miembro del partido, grupo o movimiento en el cual participamos para que enseguida salgan los habituales “paladines de la justicia” a señalar, a priori, que el acusado goza de una conducta intachable, que se trata de un ciudadano ejemplar, que es una persona comprometida con el partido, en fin, un verdadero rosario de “virtudes”, que de antemano, se pretenden suficientes para descalificar cualquier señalamiento o acusación. Quienes asumen estas posturas generalmente no se toman el tiempo necesario para realizar las averiguaciones del caso, contrastar hechos y descartar situaciones. Hago esta observación de entrada para salir al paso a quienes me han acusado de vende patria, traidor, irresponsable y escuálido, entre otros calificativos, por haber señalado, en el artículo anterior, que nuestro flamante Diputado del PSUV, Osmar Gómez, quien coordina la Comisión Contra el Fraude Inmobiliario en Carabobo, no sólo ha faltado a su responsabilidad de hacer cumplir lo dispuesto en las Gacetas Oficiales que establecen claras prohibiciones respecto al cobro del INPC y aumento en el precio final de las viviendas; sino que, peor aún, su actuación ha sido descaradamente favorable a los intereses de las Empresas Constructoras en Carabobo. Por supuesto, no aspiro que crean en mi palabra, por ello remito a constatar las denuncias que han hecho las cientos de familias afectadas en Carabobo por el fraude inmobiliario, así como, las soluciones que han obtenido por parte de los diversos entes del Estado, en particular del Diputado Osmar Gómez. Esto no es un asunto personal. La primera obligación de un funcionario público es la defensa de los más débiles, sobre todo cuando éstos son objeto de abiertos y descarados abusos y atropellos. El asunto de fondo es la incongruencia entre los objetivos que se pretenden alcanzar a través las políticas públicas adelantadas por el Estado y el gobierno revolucionario, y la práctica de muchos funcionarios públicos, evidenciada en una absoluta falta de voluntad política para hacerlas realidad. Este es el caso del Diputado Osmar Gómez, o es que acaso puede considerarse paradigma de la justicia revolucionaria permitir situaciones como las siguientes: 

1. El Diputado Osmar Gómez presidiendo una mesa de negociación entre la Empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I. C.A  y los afectados, consintió el aumento de 100 mil Bf a pesar de la prohibición expresa que existe para ello, según lo dispuesto en la Gaceta Oficial de noviembre de 2008 y junio de 2009.
2. Cuando los afectados emplazaron al Diputado en el sentido de hacer cumplir lo dispuesto en las referidas Gacetas, su respuesta fue que él era funcionario público que debía garantizar imparcialidad y que en última instancia, la Comisión coordinada por él no tenía facultades para hacer cumplir esas resoluciones.
3. Cómo es posible que un Diputado “revolucionario” haya guardado silencio y permitido un atropello como el siguiente: La Empresa les quiere imponer a los afectados un nuevo contrato, pero para tener acceso al mismo deben cancelar primero la cantidad de 800 Bf. En otras palabras, para leer el documento que estipula nuevas condiciones, primero deben pagar.
4. Por qué el Diputado Osmar Gómez permite que se le imponga a los afectados, luego de cuatro años de espera en la entrega de sus viviendas, un contrato que estipula condiciones tan desfavorables como las siguientes: “LA CONSTRUCTORA” podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, sin obligación o sanción alguna para las partes, Si las autoridades no emiten una vez concluida la obra,  la constancia de ajuste a las variables urbanas fundamentales por causas no imputables a “LA CONSTRUCTORA”. 2) En caso de que el inmueble sea objeto de Decreto Gubernamental de Expropiación  por  causa  de  utilidad  pública  o  social y/o cualquier otra circunstancia que impida de facto o de derecho su terminación y entrega. 3)  Cuando  por   cualquier causa de fuerza mayor “LA CONSTRUCTORA”,  no pueda cumplir con la entrega del inmueble aquí identificado. 4) Cuando se regule de cualquier manera la política de determinación de precios de la vivienda de forma tal que “LA CONSTRUCTORA”  considere en cualquier forma adversa a sus cálculos de rentabilidad.  5) Cuando por efectos de la promulgación de Nuevas Leyes y Normas; de alguna manera se vean perturbados el libre ejercicio de los derechos de la propiedad privada.  En los casos arriba señalados “LA CONSTRUCTORA”, notificará a “EL OPCIONANTE” su decisión de dar por terminado este contrato, sin que por este motivo deba pagarse suma y/o indemnización de naturaleza alguna. En cuyo caso “LA CONSTRUCTORA”  devolverá a “EL OPCIONANTE” únicamente las cantidades efectivamente recibidas por “LA CONSTRUCTORA”; previo descuento de los gastos administrativos que hayan sido causados con ocasión del presente contrato.”

   En fin, son situaciones como éstas las que contribuyen a minar las bases de apoyo al proceso revolucionario. Porque otro de los dramas de esta revolución, es que a pesar que en estos 10 años se ha avanzado en la conformación de un ordenamiento jurídico que posibilite la construcción de un verdadero Estado de Derecho y de Justicia como lo establece la Constitución, la verdad es que en muchos funcionarios del Estado sigue privando la existencia de una justicia burguesa, esa que atiende a los derechos de los ricos, poderosos y explotadores, al tiempo que niega, desconoce y pisotea el derecho de los más débiles. Es esa la mentalidad del Diputado Osmar Gómez y de muchos funcionarios públicos. Según ellos, no se pueden establecer sanciones, hay que garantizar el derecho a la defensa, la imparcialidad de las Instituciones y todo ese poco de paja que lo único que propicia es más injusticia y atropellos. Y ojo, que no se diga que estoy proponiendo el desconocimiento de la norma constitucional, no. Mas bien señalo, que ello se convierte en el pretexto para amparar a quienes cometen fraudes y estafas, como el caso del sector inmobiliario en Carabobo, donde a pesar de existir delitos e irregularidades evidentes, las sanciones nunca prosperan.    

      Ya es hora de iniciar un debate serio que conlleve a establecer verdaderos correctivos en la marcha del proceso revolucionario. La revolución no puede avanzar sólo en los hombros del Comandante Chávez, es necesario que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad y compromiso, y ello pasa por dejar de asumir solidaridades automáticas y comenzar a denunciar y condenar a quienes abandonando los ideales revolucionarios, terminan al servicio de los sectores que oprimen, abusan y atropellan a nuestro pueblo. Repito, esto no es un asunto personal contra el Diputado Osmar Gómez, a pesar que su conducta traiciona las expectativas de quienes le llevamos a ocupar ese cargo; más bien se trata de la generación de una verdadera conciencia que haga posible alcanzar los sueños que impulsan y sostienen la revolución. Como lo dijo el inmortal Alí Primera: “La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia, y en eso me apuesto el alma”.