Valencia, febrero 15 (Silmari Rivas Rubin).- En opinión de la concejala Gladys Valentíner, la iniciativa del Alcalde de Valencia de regular los viernes y sábados mediante acuerdo el expendio de bebidas alcohólicas al detal, es necesaria y debe interpretarse como un asunto de salud pública y seguridad ciudadana. Dijo que la colectividad en general debe estar consciente del problema que significan, tanto la venta indiscriminada como el consumo excesivo de licor.
"Los elevados niveles de accidentes viales, así como los altos niveles de violencia se disminuirían considerablemente si todos comprendemos que el elemento promotor casi siempre es la ingesta irresponsable de bebidas alcohólicas", comentó la concejala Valentíner, quien preside la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Cabildo valenciano.
Igualmente dio visto bueno a las iniciativas de fiscalización emprendidas por la Dirección de Hacienda del Ayuntamiento capitalino. No obstante, alertó que tales acciones serán insuficientes si no se vigilan y atacan contundentemente las ventas clandestinas de bebidas alcohólicas.
"Son muchísimos los lugares clandestinos donde se comercializa ilegalmente con licores. Esos sitios operan a sus anchas en todo el municipio", dijo, al tiempo que señaló que "son casas comunes que sin ningún aviso comercial en la fachada ejercen la actividad de venta de licor las 24 horas al día, sin permisología alguna".
En ese sentido, recalcó que cualquier decreto que surja para regular el horario de funcionamiento de las licorerías, junto a los operativos efectuados por los cuerpos policiales para evitar la ingesta de alcohol en las calles, avenidas y lugares públicos, deben estar acompañados por acciones que eviten la venta ilegal, de lo contrario no se resolverá de manera efectiva el gravísimo problema de salud, inseguridad, violencia y desorden en la vía pública que se genera por consumo excesivo de alcohol.
En otro orden de ideas, la concejala Valentíner recomendó al Alcalde ordenar la revisión de las licencias de actividades económicas otorgadas a algunos centros nocturnos, dada la proliferación de discotecas en centros comerciales enclavados en zonas residenciales de Valencia, sobre todo en la parroquia San José, donde no están permitidas.
