Ante la negativa del gobernador del estado de enviar la información requerida sobre el estado de los depósitos que el ejecutivo mantenía en la entidad bancaria intervenida Bancoro, el legislador Augusto Martínez solicitó aplicar una multa de 150 unidades tributarias al mandatario regional, por incumplir con la ley de comparecencia que exige la atención de la primera autoridad regional, a los requerimientos del poder legislativo.
En su derecho de palabra Martínez señaló que a Salas se le había pedido esa información, por tratarse de un banco que poseía una gran suma de dinero del ejecutivo regional, y fue objeto de intervención por parte del Estado, sin embargo a través de la secretaria de estado Amalia Vega, el gobernador solicitó una prorroga para enviar dicha información, lo que el parlamentario consideró un irrespeto ya que no justifica en modo alguno las razones por las cuales no da la información que se le está solicitando.
Dijo que en le solicitarán entonces a la junta interventora dicho informe, ante la incapacidad por parte del gobernador Salas, de remitirla y por ende se le debe aplicar el artículo 29 de la citada ley.
A pesar de que la legisladora de Prove Karelys Lizarraga señaló que se trataba de cuentas que datan de la época del exgobernador Acosta Carlez, el presidente Miguel Flores afirmó que lo solicitado se refería al mismo informe de gestión del año pasado del mandatario regional, es decir del 2009, así que mal puede atribuirse una responsabilidad a otro, cuando lo que se necesita es saber el estado de esos 105 millones de bolívares que al parecer, el gobernador de Carabobo desconocía que tenía en esas cuentas.
