06 de octubre 2009. - El Ministerio Público imputó a cinco escoltas del gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, quienes fueron detenidos en horas de la noche del pasado 3 de octubre por presuntamente portar armas de fuego sin el respectivo permiso legal, hecho que se produjo en el Punto de Control La Caramuca, ubicado en el estado Barinas.
En la audiencia de presentación la fiscal 1° de ese estado, Angélica Joves, imputó a los funcionarios de seguridad Cilio Hernando Toro Carrero, Juan Carlos Labrador Chacón, Kender Efraín Tovar Escalante, Frayman Enrique Ramírez Valencia y José David Muñoz Arteaga, por la presunta comisión del delito de porte ilícito de arma, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
La fiscal del caso solicitó ante el Tribunal 4° en funciones de Control del estado Barinas que se acordara la calificación de aprehensión en flagrancia, el procedimiento ordinario y la medida cautelar sustitutiva de libertad para los funcionarios.
En ese sentido, el referido tribunal acogió las medidas solicitadas por el Ministerio Público y ordenó como medida cautelar sustitutiva de libertad para los hoy imputados la presentación periódica, cada 15 días, ante el Circuito Judicial Penal del estado Táchira.
De acuerdo con la investigación preliminar, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a los cinco hombres antes mencionados cuando se desplazaban en dos vehículos por la alcabala La Caramuca, en Barinas.
Al practicarle una inspección, los GNB observaron que las armas de reglamento no cumplían con la debida permisología de la Dirección General de Armas y Explosivos (Darfa), por lo que procedieron a levantar la respectiva acta de aprehensión y ponerlos a disposición del Ministerio Público.
