Leonel Pérez Méndez, Procurador del estado Carabobo. (Foto Redacta)
Valencia (REDACTA).- En su condición de órgano que ejerce la representación jurídica del Estado, encargado de defender judicial y extrajudicialmente sus intereses patrimoniales, la Procuraduría del estado Carabobo ha venido adelantando la revisión de todos los contratos de compra-venta, arrendamiento, comodato, entre otros, celebrados con diferentes personas públicas y privadas, a fin de determinar si los mismos se están cumpliendo en los términos bajo los cuales se otorgaron y se les está dando el uso convenido.
Según informa un boletín de prensa enviado a esta redacción, el titular de ese despacho, Leonel Pérez Méndez, explicó que dicha evaluación se ejecuta de forma permanente, ya que, la omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes y derechos del patrimonio estadal, constituye supuesto generador de responsabilidad administrativa, penal y civil.
Indicó el representante del ejecutivo regional, que la Procuraduría del estado Carabobo ha supervisado diferentes inmuebles propiedad de esta entidad federal entregados en comodato, y se han sostenido reuniones directamente con los beneficiarios de dichos contratos o con sus representantes.
Agregó que, a la fecha, se han sustanciado varios procedimientos administrativos, encontrándose que en varios de ellos sus beneficiarios no les han dado el uso para el cual se les entregó e incluso, en algunos casos, no les han dado uso alguno o los han entregado a un tercero ajeno a la relación contractual. "Velamos por el uso que se da al patrimonio estadal", subrayó el abogado.
Ante tales casos, explicó el doctor Pérez Méndez que es procedente entonces evaluar la posibilidad de resolverlos para darle un destino cónsono con los intereses del estado Carabobo o bien regularizar la situación para ajustarlos a la realidad que en ellos impera.
Aseguró el profesional de las leyes que en todo momento, la idea es cumplir cabalmente con la misión de ese órgano, como lo es “asesorar jurídicamente a la Administración Pública Estadal, así como representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado Carabobo, garantizando la seguridad jurídica y el debido proceso, defendiendo los principios de libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y participación ciudadana, teniendo como norte la ética y el respeto de los derechos humanos”.
