Recientemente, el Frente de Abogados Socialistas del estado Carabobo (FASEC) acudió ante los diarios regionales para denunciar una supuesta irregularidad cometida por los directivos del Colegio de Abogados del estado Carabobo, de vender de manera inconsulta y fraudulenta un lote de terreno propiedad del gremio a la Gobernación. Muy bien por la delación, pero ese hecho es un diminuto gramo de tierra frente al lodazal en el cual el Colegio se ha restregado. Lo siguientes hechos históricos, son mil veces mas graves que el denunciado por los abogados socialistas, y que lamentablemente, como toda historia valenciana ha sido sepultada en el olvido de los muertos o manipulada por la red de complicidad. La primera se inicia con la compra que realiza el Colegio de Abogados del Estado Carabobo (presidida por Gámez Arrieta) a la Sucesión de Enrique Cossé C.A., de un lote de terreno con una extensión de 94.032,08 M2., por la cantidad de Bs. 2.256.769,92, tal como lo evidencia en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Registro del Distrito Valencia (hoy Primer Circuito) del Estado Carabobo, en fecha 14 de Octubre de 1977, bajo el No 2, Protocolo Primero, Tomo 10. Lo insólito de esta compra, está en el hecho de que ese lote de terreno está afectado por el Decreto de Expropiación N° 503 del 30 de diciembre de 1958 (Gaceta N° 25.857 del 8/1/1959) para la construcción del Parque Metropolitano para el disfrute recreacional de todos los valencianos, sin embargo, el presidente del gremio a pesar de las advertencias del vendedor, en tono prepotente se expresó: “el gobierno nunca va a construir ese parque...”, y claro, al igual que la Elite Gremial, actuó el Poder Económico, pues los actuales dueños del Forum-Bingo, le compraron a la familia Mayaudon, el lote de terreno afectado también por el Parque Metropolitano y lo desarrollaron para su beneficio personal. Hago un paréntesis para recordar que en el año de 1957 (siendo el Gobernador de Carabobo, Iván Darío Maldonado) se contrató el levantamiento topográfico y catastro de la zona afectada por el Parque Metropolitano a la empresa Cartográfica Mercator, y sus propietarios fueron debidamente notificados por la Junta Promotora del Parque Metropolitano de Valencia. Bueno siguiendo con el relato, tales hechos ocurrieron en complicidad con los concejales de turno, quienes para satisfacer sus caprichos, sancionaron en la década del 90, una ordenanza que permitiera adecuar y darle un manto de supuesta legalidad a la construcción muy avanzada que ya había iniciado Germán Blanco. De la misma manera, el Colegio realizó la construcción de una serie de obras (algunas de la cuales viola las ordenanzas municipales así como el retiro del río Cabriales), todo lo anterior para beneficiar a una élite de profesionales y grupos económicamente privilegiados. En contraste con estos hechos, viene a mi memoria una Anécdota publicada en la Gaceta Municipal Nº 700 del 28/6/1957, cuando el ciudadano Augusto Sanpedro hizo una solicitud ante el Ingeniero Municipal para construir en los terrenos ubicados en la zona destinada al Parque Metropolitano (donde existía el prostíbulo mas famoso de Venezuela, conocido como El Tabarín); y la incuestionable y honorable defensa que hizo el Concejal Teodoro Gubaira a favor de la construcción del Parque Metropolitano, destacando que era una verdadera necesidad para Valencia y que el Concejo Municipal debía esforzarse en su logro.
El segundo hecho extraño ocurre dos años después, cual es la venta del inmueble ubicado en la Avenida Los Colegios de la Urbanización Guaparo donde funcionaba el Colegio de Abogados, a la empresa Centro Empresarial Guaparo, C.A., para la construcción del Centro Comercial Guaparo, según documento Nº 35, Tomo 13 de fecha29/11/1979; tal hecho con ausencia de asidero jurídico y sin precedentes en el país, pues tal inmueble había sido una donación condicionada que le hizo el Estado Carabobo (siendo gobernador el Coronel Ricardo Arroyo Ludert, y Presidente de los Abogados el Dr. Manuel Feo La Cruz) para la construcción de la sede de los abogados, tal como se puede apreciar en el documento registrado el 7/10/1957, bajo el Nº 12, Tomo 22. El Estado Carabobo, a los fines de que los Colegios profesionales existentes para el momento tuvieran sus sedes, les donó tanto a los médicos, los ingenieros, y a los abogados, sendos lotes de terrenos y además les construyó sus sedes, todo de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 53 dictado por el Ejecutivo del estado el día 28/10/1955 publicado en Gaceta Oficial del estado Carabobo Nº 1210; es decir, el estado le dona a un Colegio Profesional para todas las generaciones de agremiados, presente y futuros, un terreno para un uso específico y este posteriormente, lo comercializa a unas empresas privadas para que realice un negocio netamente capitalista, cual es: construir un centro comercial para la venta de locales comerciales. Tal hecho insólito ocurrió bajo la gestión del abogado Héctor Gámez Arrieta, quien vendió el terreno de 1.995,00 M2. y la edificación sobre él construida, con un cuestionable mandato de una Asamblea General Extraordinaria de la Institución celebrada el 11/4/1977, donde una supuesta Asamblea General Extraordinaria “autorizó” enajenar lo que no les pertenecía solo a ellos, ese era un patrimonio generacional, de los profesionales agremiados y sus familiares que existían entonces, y los futuros agremiados, por cuanto si se necesitaba ampliar las instalaciones, para complementar sus actividades deportivas o académicas, sencillamente compraban otro inmueble, pero no enajenar lo que por su naturaleza no podían, porque era cercenar el derecho de todas las generaciones de Abogado por venir, y violaba normas doctrinaria y jurisprudencial existente en cuanto a la ingratitud del donatario, obraron como que si a partir de la fecha 11/04/1977 en adelante, no iban a egresar más Abogados, la gran mayoría de agremiados que votaron, posiblemente lo hicieron apegados a la disciplina partidista que orientaba en esa época las actuaciones de este gremio.
En relación a la polémica del pago de la indemnización por la expropiación del terreno, denunciado por el FASEC, como remembranza de la época, siendo presidente Juan Pachas Lituma, y mi persona celador-curador del río Cabriales (8/11/1995), se realizó una inspección judicial con el Tribunal del Distrito Valencia (Expediente Nº 5440), dejando constancia del daño que Funda Alegría (Gobierno presidido por Salas Römer) le estaba haciendo al río Cabriales, y dejando constancia de cual era la verdadera área que tiene el Colegio de Abogados; pues dado que en fecha 26/5/75, el Ministerio de Obras Públicas había realizado una Canalización de desvío del Río Cabriales, modificando su anterior cauce, dividiendo el lote de terreno en dos: una de 45.080,00 M2. (actuales instalaciones del Colegio de Abogados) y el resto ubicado al Oeste, el cual colinda con la Urb. El Recreo, con una superficie de 48.954,08 M2. (patrimonio olvidado y perdido); tal canalización fue aprovechada por el propietario del Hotel vecino (Ing. Yánez), quien interpretando el principio de la accesión establecido en el Código Civil (artículo 562), ya tenía listo la incorporación de ese lote al patrimonio del Hotel, sin embargo, con la inspección (en esa época llamada ocular), dejamos constancia (actué como práctico) que en los linderos del documento se habla de “antiguo cauce del río”, con lo cual se recuperó ese patrimonio para el Colegio. Ese mismo día, entregué a la Dra. Carmen Cecilia Castillo (Fiscal con competencia especial en materia ambiental), todos los recaudos donde denunciaba al Ejecutivo Regional a través de Funda Alegría de estar dañando el río Cabriales... esa denuncia duerme en la red de cómplices, sin embargo, el Colegio de Abogados reafirmo y recuperó ese lote de terreno (parte acaba de ser “expropiado e indemnizado para la construcción de la Avenida Paseo Cabriales”, y objeto de la denuncia de FASEC), pero Valencia no pudo sancionar ejemplarmente a un político poderoso, ni disfruta de esas instalaciones recreacionales.
En relación a la supuesta irregularidad de vender de manera inconsulta el lote de terreno, debo memorar que en fecha 14/11/1997, la Secretaría de Obras Públicas, en cumplimiento a la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, a los fines de la construcción de la Avenida Paseo Cabriales, según Decreto No. 207 publicada en Gaceta Oficial No. 2.298 del 30/12/1996, me designó experto, y determiné que para esa fecha y bajo ese Decreto, la justa indemnización era de Bs. 272.444.067,37, y el área afectada del lote de terreno a expropiar según las coordenadas era de 38.671,84 M2. Recuerdo, que las partes (siendo Procurador Jesús Ganen) plantearon como indemnización la construcción de un puente sobre el río Cabriales que permitiera acceder de una manera vial segura a las instalaciones del Colegio a través de las redes viales de la Urbanización El Recreo. Como ven, no sólo el gobierno revolucionario expropia para fines de utilidad pública, sino también el gobierno de derecha de los Salas Römer, y fíjense, fue después de trece años cuando finalmente el gobierno de Carabobo indemniza al Colegio de Abogados; lamentablemente, aún los valencianos no disfrutamos de una red vial paralela integral al río Cabriales, llamada Avenida Paseo Cabriales, y tampoco la inmensa mayoría de los valencianos nos podemos recrear en los terrenos que forman parte del Parque Metropolitano, pues solo lo disfrutan el entorno reducido de una élite profesional, y un sector muy privilegiado económicamente que puede pagar por los servicios del bingo, restaurante, y otros que operan en el llamado Forum de Valencia.
Como un hecho comunicacional y notorio, debo recordar a la comunidad Valenciana, que en uno de los últimos reportajes que me realizó El Carabobeño en fecha 4 de agosto de 2.002 (donde tuve la gracia de escribir durante 25 años en la página de opinión), denuncié todos esos hechos y alerté a los valencianos que el Parque Metropolitano podría desaparecer, mutilando el porvenir de nuestros hijos, nietos, y los derechos recreativos y ambientales del mundo futuro.
Finalmente hago un llamado al verdadero pueblo valenciano, a que se zangolotee de la red de complicidad, a los abogados socialistas y no socialistas a que profundicen la investigación, a la Cámara Municipal de Valencia, y sus Concejales Revolucionarios, nuestra Gloriosa Constitución Nacional los obliga a revisar sus decisiones, y sus ordenanzas en pro del Parque Metropolitano, y en especial, al gobierno nacional bolivariano, a que se ejecute todas las acciones necesarias entre las cuales está materializar la Expropiación de las instalaciones del Colegio de Abogados y las Instalaciones del Forum, pues el Decreto de Expropiación de fecha 30/12/1.958, donde se declara de Utilidad Pública Nacional, la construcción del Parque Metropolitano, en una extensión aproximada de novecientos mil metros cuadrados, en los Parroquias San José, Catedral, San Blas, y Santa Rosa, aun está vigente; y quiero recordarles al gobierno Nacional, en manos del Presidente Comandante Hugo Chávez, que ordene a tres de sus Ministros su cumplimiento, pues aún están encargados de la ejecución de ese Decreto, los Ministros de Relaciones Interiores, de Obras Públicas, y de Agricultura y Cría; tales espacios deportivos-recreacionales podrían ser destinado al desarrollo de la futura “Ciudad de la Tercera Edad”. En este mundo todo tiene su tiempo y momento para que ocurra, llegó la hora de hacer realidad la letra Constitucional, destronar el anacrónico y cómplice concepto de "Cosa Juzgada Administrativa" impuesto por la Cuarta República, y revisar, REVOCAR por Inconstitucional y contraria a derecho aquellas ordenanzas y leyes sancionadas en contra de los valores fundamentales del ser humano; esto medirá la talla de la era que vivimos frente al monstruo de la Mafia que ha imperado en la política Valenciana del pasado siglo XX y principios del siglo XXI.
eggrooscors@gmail.com
